Estoy bien y, como siempre desde hace unos meses, he comenzado el día leyendo las noticias, respondiendo a mensajes de correo electrónico sobre las violaciones de derechos humanos en Afganistán y comunicándome con otros activistas de los derechos humanos. No paro de trabajar por los derechos de las mujeres.

Nací en una comunidad muy marginada de Afganistán, donde se discriminaba sistemáticamente a las mujeres. En mi pueblo no había escuelas para niñas, y las mujeres casi no sabían leer ni escribir. Tuve suerte de que mis padres apostaran por mi educación y de vivir en lugares donde tenía acceso a centros educativos. En secundaria, comencé a interesarme por asuntos relacionados con la discriminación de la mujer. Me percaté desde muy pronto de que se trataba de un grave problema y decidí buscar soluciones. Imaginaba un futuro en el que todos los hombres y las mujeres tuvieran los mismos derechos y oportunidades. Antes de la caída del gobierno en 2021, era miembro de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) y jefa responsable de la Unidad para la promoción y la protección de los derechos de la mujer (WPU). En estos cargos, trabajaba directamente con víctimas de la violencia, organismos públicos, la sociedad civil y la comunidad internacional. Mi objetivo siempre ha sido contribuir a mejorar la justicia en mi país en general, y los derechos de la mujer en particular.

Participé principalmente en diversas reformas legislativas sobre cuestiones relacionadas con la igualdad de género como el matrimonio, las pruebas de virginidad, el divorcio, los derechos de las personas transexuales y el acoso sexual. Centré mis esfuerzos particularmente en la participación de las mujeres en la sociedad afgana. Como jefa responsable de la Unidad para la promoción y la protección de los derechos de la mujer, tuve la oportunidad de definir objetivos políticos estratégicos y de preparar su aplicación. Bajo mi responsabilidad, por ejemplo, diseñamos y aplicamos medidas que mejoraron la coordinación y la comunicación entre los distintos implicados en el ámbito nacional. Uno de los puntos en los que me centraba eran los casos de acoso sexual y violencia contra las mujeres. También considerábamos importante que las mujeres afganas pudieran implicarse en el proceso de paz. Cada año, mi equipo registraba y tramitaba unos 5 000 casos de violencia doméstica. Ayudábamos a las víctimas a acceder a los tribunales.

Antes de los talibanes, disponíamos de un marco jurídico y político que protegía y promocionaba a las abogadas defensoras de los derechos humanos. Entre los distintos dirigentes, existía una sólida voluntad política de apoyar a las abogadas. Sin embargo, al mismo tiempo, las amenazas eran constantes. En 2020, asesinaron a uno de mis compañeros y nos intimidaron varias veces. Todos los días me llegaban mensajes de defensores de los derechos humanos que me hablaban sobre las amenazas que sufrían tanto por parte de los grupos armados como de los talibanes. No obstante, a pesar de las serias amenazas, siguieron encontrando formas de ejercer su activismo en favor de los derechos humanos hasta la llegada al poder de los talibanes el año pasado. Ahora, la situación es muy distinta. No existe ni una sola ley que proteja explícitamente los derechos humanos, ni un solo abogado, ni una sola abogada, ni siquiera un tribunal que esté especializado en perseguir la violencia contra las mujeres. En el ámbito político, el actual régimen «de facto» carece de la voluntad necesaria para garantizar los derechos de las mujeres. En la actualidad, los defensores de los derechos humanos sufren represión y tienen que esconderse por su activismo. Algunos son amenazados, encarcelados, torturados e incluso asesinados. De hecho, Afganistán no es un lugar seguro para ellos.

Cuando trabajaba en la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán luché por que se impusieran penas a los condenados por violencia contra las mujeres. Algunos de ellos eran miembros de los talibanes y había también otras personas influyentes de gran poder político, económico y social. Cuando los talibanes volvieron a tomar el poder, estos criminales salieron de la cárcel, me llamaron en diversas ocasiones amenazándome a mí y a mi familia e incluso nos persiguieron. Tuvimos que escondernos hasta que conseguimos salir del país e incluso apagamos nuestros teléfonos móviles. Mi familia y yo recibimos ayuda y abandonamos el país, viendo como mis años de esfuerzos y esperanzas se destruían de un plumazo. Lo dejé todo atrás: mi carrera, todo lo que había sembrado para el cambio y lo cosechado durante mis años de trabajo. Fue una inmensa catástrofe. Aunque han pasado meses, aún no he sido capaz de superar el trauma y el estrés sufrido.

La dirección del AIHRC ya ha sido completamente evacuada del país y estamos intentando reubicar al resto del personal y de los compañeros. Se han suspendido las actividades de la AIHRC en Afganistán. Nuestra oficina está ocupada por los talibanes, que no dejan que nadie entre en el edificio. Mis compañeras y yo trabajamos voluntariamente por defender los derechos de la mujer. Si continúa la actual tendencia política de represión, las defensoras de los derechos humanos seguirán siendo perseguidas y encerradas.