He trabajado en dos casos de condenados a pena de muerte. He representado a defensores de los derechos humanos, entre otros, a Alés Bialiatski, director del organismo de defensa de los derechos humanos «Viasna», y a Gennady Fedynich, director de un sindicato. En ambos casos se defendía el derecho a la libertad de asociación. También he participado en casos con motivaciones políticas de gran repercusión como trasfondo, en particular en el periodo comprendido entre 2020 y 2021. Mis clientes eran dos de los principales opositores políticos del actual Gobierno: Serguéi Tijanovski y Viktar Babaryka. Presenté varias instancias al Comité de Derechos Humanos de la ONU y cinco de ellas fueron consideradas violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Actualmente, se están estudiando otros cuatro casos. Desde 2010, también soy profesora en la Universidad Europea de Humanidades e imparto además algunos programas de formación para defensores/defensoras y abogados/abogadas de los derechos humanos. Al dejar la abogacía no dejé de trabajar en el ámbito de los derechos humanos, sino que me centré más en colaborar con organismos internacionales y en impartir formaciones sobre este asunto.

Voy a hablarles un poco más de estos conocidos presos políticos a los que defendí ante los tribunales nacionales. Serguéi Tijanovski, bloguero, empresario y líder de la oposición, no pudo inscribirse para participar en las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia y fue detenido. En cambio, su esposa, Svetlana Tijanóvskaya, sí se pudo inscribir como candidata presidencial y participó en los comicios. Como saben, se vio obligada a abandonar el país y ahora se la considera una de las personalidades democráticas de Bielorrusia. El 20 de mayo de 2020, cuando su mujer se inscribió como candidata presidencial, Serguéi Tijanovski fue puesto en libertad. Posteriormente, durante unos días —entre el 24 y el 29 de mayo de 2020— Sergey lideró una iniciativa que celebró varias vigilias para recoger firmas en favor de Svetlana. No obstante, el 29 de mayo de 2020 fue de nuevo detenido durante una de las vigilias en Hrodna. Tras analizar nuestro comunicado, el equipo de trabajo competente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dictaminó en septiembre de 2021 que su detención había sido arbitraria. Defendí a Tijanovski durante aproximadamente el año y cuatro meses que duró la investigación.

Se le acusaba de organizar disturbios masivos, de alterar gravemente el orden público, de incitar al odio y de obstaculizar la labor de la Comisión Electoral Central. Estuvo detenido todo el tiempo. Poco antes de su juicio, se emitió en la televisión pública un programa propagandístico que incluía una grabación de una conversación «confidencial» que mantuvimos con él en prisión. El juicio contra Tijanovski y otras cinco personas se inició el 24 de junio de 2021 en el Tribunal de Distrito de Gómel. Durante este tiempo, se emitían en televisión programas que lo tachaban de criminal. Este asunto sacudió a todo el país. Por el contrario, a nosotros como abogados no se nos permitía informar de lo que ocurría en la sala, ya que tuvimos que firmar un acuerdo de confidencialidad para su celebración a puerta cerrada. El 12 de octubre de 2021, en pleno juicio, recibí la notificación de que se me inhabilitaba a partir del día siguiente y de que no se me permitiría volver al juzgado. No obstante, el juicio continuó. Tijanovski fue condenado a 18 años de prisión por sus declaraciones públicas y su participación en concentraciones pacíficas. El tribunal le impuso a él y a otras personas una multa por valor de un millón de dólares por los supuestos gastos extraordinarios en los que incurrió el Ministerio del Interior a causa de la actuación policial durante los disturbios.

Viktar Babaryka era otro de los candidatos más prominentes de las elecciones presidenciales de 2020. Antes de anunciar su candidatura a la Presidencia, había dirigido durante 20 años uno de los mayores bancos de Bielorrusia (Belgazprombank). Su campaña electoral apuntaba a un claro éxito. Ya se dejaba ver por los miembros que componían su equipo y por el número de censados y censadas que habían firmado su candidatura. Un mes después de que comenzase la campaña electoral, el 18 de junio de 2020, Babaryka fue detenido por delitos de corrupción. Presuntamente, se le acusaba de haber aceptado sobornos de los clientes a través de la dirección del banco durante los últimos 15 años. El caso estaba en manos del Comité de Seguridad del Estado. El asunto se intentó presentar como un delito ordinario de corrupción y, con sumo cuidado, se mantuvo alejado de los acontecimientos políticos. Junto con Viktar Babaryka fue detenido su hijo, quien también sigue preso. También fueron condenados algunos amigos y antiguos colegas. Los jefes de las empresas —todos clientes del banco— salieron de la prisión de la KGB 14 meses después, tras testificar ante los tribunales contra los empleados del banco. Defendí a Viktar Babaryka junto con otros abogados. Se consiguió demostrar al pueblo bielorruso que las acusaciones carecían de fundamento y que el verdadero objetivo del enjuiciamiento era apartarle de la campaña electoral, violando así flagrantemente sus derechos a la defensa y a la presunción de inocencia. El Tribunal Supremo abordó el caso y condenó a Babaryka a 14 años de prisión. No se pudo recurrir esta sentencia del Tribunal Supremo. Presentamos dos denuncias al respecto ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, una en 2020 por la detención arbitraria y otra, una vez concluido el juicio, por violación del derecho a un juicio justo, del derecho a la libertad de expresión y del derecho a participar en los asuntos públicos. Se inhabilitó a los cuatro abogados de Babaryka. Me incluyo entre ellos, porque defendía a Viktar Babaryka al mismo tiempo que representaba a Serguéi Tijanovski ante los tribunales.

Es difícil hablar de forma generalizada de toda la abogacía. En 2020, todo el país se enfrentó a violaciones masivas de derechos humanos, en particular a casos de torturas en centros de detención y en las comisarías de policía, en los que participaron centenares de abogados defensores de los derechos humanos. Con frecuencia, estos abogados y abogadas defienden a los acusados por unos honorarios mínimos. Muchos también mostraron su solidaridad profesional y defendieron abiertamente a sus compañeros y compañeras, que también estaban siendo objeto de represión, detenciones e inhabilitaciones. Ante esta implicación cívica que los abogados y las abogadas mostraron en 2020, el Estado introdujo en 2021 enmiendas a la Ley de la Abogacía que aniquilaron por completo esta independencia. La política represiva de exclusión del colectivo profesional no ha cesado. Por ello, los abogados ahora no expresan su opinión por miedo a perder su empleo. En un país donde no se respetan las leyes ni se aplican las normas de procedimiento, no se puede establecer una relación de confianza ni se puede acceder a los clientes en prisión. Por ejemplo, en la prisión de la KGB, es necesario inscribirse con varias semanas de antelación si se desea concertar una visita con los clientes. Todas las medidas de defensa que se presenten por adelantado, como denuncias, peticiones y declaraciones, están abocadas al fracaso. En líneas generales, se ha privado a los abogados y las abogadas de su voz, ya que tienen prohibido «de facto» hablar en público fuera de la sala del tribunal.

En mi situación, la seguridad personal es algo que no existe. Sigo defendiendo la justicia en público, ya sea a través de comentarios, artículos y actividades formativas, pero siempre existe el riesgo de que estas acciones se consideren «actividades enemigas del Estado». No obstante, no quiero abandonar Bielorrusia ni tampoco renunciar a mis convicciones.

Como ya he explicado, no existe una base legal sobre la que defender los derechos humanos en Bielorrusia. La Ley de la Abogacía de Bielorrusia excluye esta posibilidad y se continúa inhabilitando a abogados y abogadas en activo. En estas circunstancias, no creo que la cooperación pueda mejorar la situación. No obstante, considero justificado el apoyo de las organizaciones de derechos humanos internacionales y de los colegios de abogados a la hora de difundir información sobre la progresiva destrucción del derecho a la defensa. Estoy convencida de que la reforma de la abogacía tendría que ser radical y que solo es posible a través de una separación de poderes y en un Estado de derecho.