Bueno, yo no lo llamaría en absoluto proceso. Sería un proceso si a mí, como acusada, se me hubiera concedido la oportunidad de defenderme. Yo lo llamaría persecución, persecución política. Por lo tanto, no es un proceso conforme al derecho al uso. No me defiendo con mi voz dentro de la sala del tribunal, sino que me veo obligada a hacerlo desde fuera.

Mi abogado en Camboya se llama Som Sakhun y es uno de los abogados «pro bono» que trabaja en casos políticos. Dado su vínculo con los casos políticos, no recibe el mismo trato que los abogados del Gobierno ni que los abogados privados que también realizan pagos en negro y utilizan la influencia del Gobierno en el tribunal. Me cuenta que incluso a veces tiene que esperar días a que los secretarios judiciales le faciliten la documentación. En primer lugar, porque no puede pagarles y también porque se trata de casos políticos y, por tanto, tienen más reticencias a concederles acceso a los documentos. Ese es un primer reto. El segundo es que el gobierno influye en las decisiones de los jueces.

Están muy frustrados. En primer lugar, no reciben un buen trato porque trabajan en casos políticos y casos relacionados con los derechos humanos. Es a quienes más les cuesta acceder a los archivos y, a menudo, se les deniega el acceso. En 2009 tenía un abogado diferente en otro caso. En aquel momento, cuando presenté una demanda contra el primer ministro ante los tribunales por discriminación política, mi abogado se vio obligado a dejar el caso porque, de lo contrario, habría perdido su licencia para ejercer la abogacía y habría sido expulsado del Colegio de Abogados de Camboya. A pesar de ello, continuó representándome hasta que el gobierno le complicó mucho la vida.