Las acciones del PiS provocaron un conflicto sin precedentes en las instituciones europeas. En diciembre de 2021, la Comisión Europea anunció que había abierto otro procedimiento contra Polonia por socavar los derechos de la UE y la independencia de su poder judicial. En mayo de 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pedía a las demás instituciones de la UE que mostraran su «firme compromiso» y tomaran «medidas significativas» para abordar el declive de los valores de la UE en Polonia. El año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impuso a Polonia una multa de un millón de euros diarios para evitar lo que calificó de «daño grave e irreparable» al ordenamiento jurídico y los valores de la UE. Las multas diarias por el incumplimiento de la orden de suspensión de los procedimientos disciplinarios impuestos a los jueces suman ya más de 160 millones de euros. Dado que Polonia ignora los principios del Estado de derecho, aún no se ha aprobado el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia polaco. Esto implica que Polonia no puede utilizar los 35 970 millones de la UE para impulsar su economía tras la pandemia de la COVID-19.

El PiS no habría llegado tan lejos en la supresión de la independencia judicial si no se hubieran producido los dos factores siguientes. En primer lugar, la desconfianza general hacia la abogacía y la frustración por el funcionamiento de los tribunales. El PiS ha utilizado este sentimiento para movilizar a sus votantes contra los jueces y las juezas. En segundo lugar, la destitución sin precedentes de los jueces independientes fue posible solo gracias a un grupo de abogados mediocres e incompetentes ávidos de éxito cuyo objetivo era ascender en la jerarquía profesional y política y, para lograrlo, estaban dispuestos a subordinarse completamente al partido gobernante. Las primeras víctimas del régimen represivo creado por Jaroslaw Kaczyński y sus colegas fueron jueces independientes, fiscales, abogados comprometidos, etc. Sin embargo, los abogados no se han rendido. Han demostrado que, a pesar de las circunstancias más difíciles, defienden los derechos esenciales de la abogacía y los valores liberales y europeos fundamentales. Al igual que otros jueces independientes destituidos por los nombramientos del PiS, Monika Frąckowiak, Paweł Juszczyszyn e Igor Tuleya han demostrado una actitud heroica. El juez Tuleya se atrevió a criticar en su tribunal a las autoridades del PiS por violar la Constitución cuando, entre otras medidas, excluyeron a los partidos de la oposición de las sesiones parlamentarias. Tras este veredicto, el propio juez Tuleya se convirtió en objetivo de la Fiscalía. Con la excusa de las irregularidades que supuestamente se habían descubierto al revisar una de sus sentencias, fue despojado de su inmunidad y destituido por la Sala de Disciplina Política. Recientemente ha sido readmitido por el Tribunal del Distrito de Varsovia. Paweł Juszczyszyn y otros jueces defienden la justicia en Estrasburgo.

Los fiscales también luchan por su independencia, algo que resulta extremadamente difícil a causa de la centralización del sistema dirigido por el ministro Zbigniew Ziobro. Cualquier indicio de presunta desobediencia se sanciona y hace que se abra un procedimiento disciplinario. A finales de 2016, ya habían sido destituidos o relegados unos 500 fiscales de todo el país. En enero de 2021, siete fiscales fueron sancionados y trasladados a tribunales lejos de sus anteriores despachos y residencias. Una de ellas, Ewa Wrzosek, fue incluso espiada por el gobierno de manera ilegal con el sistema Pegasus, que permite grabar conversaciones, registrar la ubicación o activar cámaras en secreto (otras víctimas de Pegasus en Polonia fueron Roman Giertych, abogado de muchos de los políticos de la oposición). Muchos abogados eran conscientes de que, a tenor de los constantes ataques y acusaciones, no podían limitar sus actividades únicamente a realizar un buen trabajo en la sala del Tribunal. Muchos de ellos han participado en el proyecto «Tour constitucional», un acto informativo en el que jueces y abogados viajan por todo el país, incluidas las pequeñas localidades del Este donde PiS obtuvo una mayoría apabullante, para explicar por qué todos deberíamos preocuparnos por el Estado de derecho.

No cabe duda de que los abogados polacos se encuentran en el centro de la lucha política por los derechos humanos y el Estado de derecho. Involuntariamente, han salido de sus oscuros despachos y de los juzgados y se han convertido en figuras públicas y símbolos de la resistencia contra el régimen contrario a la libertad. Son las defensoras y los defensores europeos modernos de los derechos humanos. Inspiran y prestan asistencia práctica a otros grupos que sufren ataques del partido gobernante en Polonia. Son los que han impedido que el PiS despoje a los polacos de sus derechos fundamentales y, según sueña Kaczyński, convierta a Polonia en una autocracia. Son los que se aseguran de que Polonia siga siendo parte de Europa.