A partir de 2022, la situación de los defensores de los derechos humanos sirios se ha deteriorado dramáticamente desde la represión de las protestas de 2011, en las que los abogados fueron uno de los principales objetivos. Entre otras cosas, muchos de ellos sufrieron detenciones arbitrarias, desapariciones, persecuciones maliciosas, amenazas de muerte e incluso se les privó de su libertad de movimiento. De hecho, las condiciones en las que trabajan actualmente dentro del país son de todo menos envidiables. En las zonas bajo control del Gobierno sirio, los abogados pueden comparecer oficialmente y presentar su caso ante los tribunales, incluso en los tribunales militares. No obstante, si en sus casos defienden a presos políticos, esta se convierte en una tarea peligrosa. Es curioso que se excluya aquí a los abogados que aceptan casos relacionados principalmente con sobornos a los servicios de seguridad. No obstante, algunos abogados continúan trabajando en procesos relacionados con la posesión de bienes inmuebles y tierras, un asunto que se ha convertido en arma arrojadiza del Gobierno contra los disidentes. Otros se atreven a acudir a los tribunales para denunciar detenciones arbitrarias y conseguir la puesta en libertad de sus clientes alegando errores formales y de procedimiento. Se les priva de las garantías procesales que se contemplan, en particular, en las leyes que regulan la profesión de abogado. En un caso de detención arbitraria por parte de un organismo no gubernamental —el grupo palestino de Ahmed Jebril—, el abogado Aref Al-Shaal, con despacho en Damasco y quien también fue preso político, fue citado por los servicios de seguridad para que detuviera el proceso.

En las zonas bajo control del Gobierno, la situación de los abogados de derechos humanos está sujeta a las contingencias de un cambiante sistema jurídico, de los grupos armados y de la intervención extranjera. Muchos abogados del noroeste han colgado la toga por las particularidades de la ley vigente, la ley islámica no codificada y las intervenciones del Gobierno de Salvación Nacional de Siria. No obstante, las movilizaciones públicas en este ámbito, a menudo incitadas por abogados especializados, han permitido la liberación de presos políticos y el procesamiento de grupos militantes. En el noreste controlado por el Gobierno provisional sirio (GIS), la oposición respaldada por Turquía conservó las estructuras jurídicas y judiciales del Gobierno sirio que se consideraban aceptables de acuerdo con los objetivos de la revolución. No obstante, en la práctica, este sistema actúa con tribunales «esporádicos» y funciona bajo la supervisión de las autoridades turcas y de los grupos armados a los que respaldan. En las zonas del este controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias, se ha establecido un sistema jurídico especial con tribunales que funcionan esporádicamente y que imponen estrictas restricciones ideológicas a los abogados.

Dada esta complejidad, la mayoría de los abogados sirios defensores de los derechos humanos se han trasladado al extranjero, donde continúan su lucha. Existen unas 30 ONG y redes de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos. Sus actividades incluyen registrar las violaciones de derechos humanos, vigilar e informar sobre las mismas, ayudar a sirios en el extranjero en sus procedimientos judiciales, organizar campañas de apoyo y denunciar a los violadores de los derechos humanos en los tribunales extranjeros. El Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión (SCM) y el Centro Sirio de Estudios e Investigación Jurídica (LSRC, ambas siglas en inglés) han desempeñado un papel decisivo en la persecución judicial de los violadores de los derechos humanos en Siria ante los tribunales nacionales de Alemania, Francia, Suecia, Noruega, Suiza, Países Bajos y Reino Unido. En paralelo, cuentan con unas unidades propias que trabajan con el mecanismo de derechos humanos de la ONU, al cual mantienen informado y al que presentan determinados casos si es necesario. Además, estas dos organizaciones actúan como uno de los principales puntos de contacto con las unidades de algunos países que trabajan con crímenes de guerra, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. En concreto, el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión está muy implicado en los actuales esfuerzos internacionales por establecer un mecanismo independiente con mandato internacional para abordar el problema de las desapariciones forzadas en Siria.

En reconocimiento a sus destacados logros, «The Time» incluyó a los líderes del SCM y del LSRC en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en mayo de 2022. Mazen Darwish, director del SCM y antiguo preso político, ya recibió en 2016 el Premio Roosevelt a las Cuatro Libertades de la mano de la canciller Merkel. Defender los derechos humanos en Siria, incluso desde el extranjero, no está exento de riesgos y costes. Los servicios de seguridad acosan e intimidan de manera sistemática a las familias de los abogados sirios que trabajan en favor de los derechos humanos. Se trata de algo que vivieron varios abogados sirios residentes en el extranjero en 2019, cuando se les seleccionó para formar parte del Comité Constitucional mediado por la ONU. Decidieron no hacerlo a tenor de las amenazas e intimidaciones recibidas por sus familias en Siria. Recientemente, dos familiares de Suleiman Al-Qorfan, abogado sirio residente en Gaziantep (Turquía), quien aceptó formar parte de este Comité, fueron detenidos arbitrariamente por los servicios de seguridad tras su decisión. Este hecho nos recuerda que los defensores de los derechos humanos en Siria, y los abogados en particular, se enfrentan a grandes retos en la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad, por lo cual necesitan y merecen el apoyo internacional.