Cuento con muchos años de experiencia y con competencias probadas en casos relacionados con el colectivo LGBTI, en particular sobre el reconocimiento de matrimonios contraídos en el extranjero, el reconocimiento de los certificados de nacimiento de niños nacidos en el extranjero de parejas del mismo sexo y la protección general de los derechos LGBTI. Me he centrado en la comunidad LGBTI de Bulgaria, ya que faltan leyes y normas de procedimiento que reconozcan y protejan las uniones entre personas del mismo sexo en el país. Están desamparados en los casos relacionados con delitos motivados por los prejuicios ante la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.

El caso más reciente en el que he trabajado es el de la bebé Sara. Se trata de la expedición de un certificado de nacimiento búlgaro y la concesión de la ciudadanía a una niña nacida en una familia homoparental, y que se encuentra actualmente en manos de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Europea (TJUE). El 14 de diciembre de 2021, el TJUE se pronunció sobre una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía. Según la sentencia del TJUE, una vez establecido el origen de un niño o niña en un Estado miembro de la UE, debe reconocerse en toda la UE, independientemente del sexo de los padres o de la legislación nacional. La sentencia se emite por una demanda presentada por la familia de la víctima —con mi apoyo jurídico— que denunciaba que el Ayuntamiento de Sofía se negara a expedir un certificado de nacimiento para Sara, de dos años de edad. Sara, que vive en España con sus dos madres, una de ellas búlgara, sigue sin tener papeles. El Tribunal Administrativo Municipal de Sofía está obligado a aplicar la sentencia del TJUE y se exige a la administración búlgara que expida los documentos de identidad a la niña, de manera que Sara pueda, como ciudadana europea, ejercer su derecho a la libre circulación en la UE.

Los derechos humanos son una cuestión vergonzosa en Bulgaria. Los dirigentes políticos siguen negándose a asumir un compromiso claro con los derechos humanos, y mucho menos con los derechos de las personas LGBTI. Se trata, en general, de una sociedad muy conservadora. La corrupción generalizada, en combinación con la pobreza de la población, hace que resulte difícil comprender la importancia de los derechos humanos. Es difícil trabajar en un entorno así. De hecho, no hay muchos defensores de los derechos humanos y aún menos abogados y abogadas que trabajen en este ámbito. Bulgaria es también uno de los países más homófobos y transfóbicos de la Unión Europea. En 2004, el Parlamento búlgaro aprobó una ley contra la discriminación que abordaba la orientación sexual, con el fin de cumplir los requisitos para la adhesión a la Unión Europea. 16 años después, no solo no se han producido mejoras en la legislación, sino que la actitud hacia la comunidad LGBTI también está empeorando. Desde 2017, se observa un deterioro significativo del clima social y político en Bulgaria. También han aumentado las agresiones a personas LGBTI. El programa jurídico de Deystvie demuestra que en 2019, aumentaron los casos de agresión y discriminación. En pocos meses, el único centro LGBTI del país, el Rainbow Hub, sufrió cuatro ataques. Está claro que los agresores se sienten alentados por el discurso político contra los grupos desfavorecidos.

A mediados de enero de 2020, la policía comenzó a investigar a LGBT Deystvie. Los círculos conservadores radicales habían señalado previamente a la Fiscalía que las campañas en favor de los derechos de las parejas del mismo sexo socavaban el orden constitucional en Bulgaria. De hecho, el partido político «Revival», de extrema derecha, junto con la ONG misionera «National Group - Parents United for Children», presentaron ante la Fiscalía una demanda penal contra LGBT Deystvie por infracción del artículo 108 del Código Penal búlgaro.

El artículo 108 establece que: «Aquellos que difundan una ideología fascista o antidemocrática, o que modifiquen por la fuerza el orden social y estatal establecido en la Constitución de la República de Bulgaria, serán castigados con una pena de prisión no superior a tres años o con una multa de hasta cinco mil levаs». El anuncio se produjo a raíz de una protesta organizada por LGBT Deystvie frente al Parlamento contra la decisión del Tribunal Supremo Administrativo, que se negaba a reconocer el matrimonio entre Lili y Darina, celebrado en el Reino Unido. Durante la protesta, LGBT Deystvie anunció el lanzamiento de la campaña «Familia para todos». Dos agentes de policía se presentaron entonces en la sede de LGBT Deystvie y solicitaron a Veneta Limberova —presidenta de LGBT Deystvie— que compareciese sobre lo ocurrido durante la protesta y que explicase el objetivo de la campaña. Esta información se solicitó a pesar de que la protesta se llevó a cabo con el consentimiento del Ayuntamiento de Sofía, y bajo vigilancia policial. Creemos que tanto nuestros contenciosos como el trabajo de presión de la campaña «Familia para todos» estaban en el punto de mira de la investigación policial. Afortunadamente, la Fiscalía no siguió adelante con la investigación contra LGBT Deystvie.