ARMENIA
Lousineh Hakobyan es fundadora y, desde 2011, presidenta de la Europe in Law Association (ELA, en inglés). Hakobyan se licenció en Derecho por la Facultad Romano-Germánica de la Universidad Estatal de Ereván en 1998 y por la sede en Armenia de la Academia Internacional de Emprendimiento de Moscú en 2006. Además, Lousineh Hakobyan cursó un máster en Derecho Europeo en la Universidad Queen Mary de Londres, y se le concedió la licencia para ejercer la abogacía en 2011. Ha participado en casos tanto ante los tribunales nacionales como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los casos que tiene pendientes ante el TEDH se ocupan, entre otras cosas, de la protección del derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas y la prohibición de la tortura a varios ciudadanos y ciudadanas tras las protestas de 2013 y 2014. Desde 2011, ha dirigido con éxito varios proyectos respaldados por socios internacionales de ELA. Ha impartido numerosos cursos de formación en derechos humanos para periodistas, abogados y abogadas. Lousineh Hakobyan también ha participado en las reformas jurídicas en Armenia y se ha implicado con éxito en actividades relacionadas con la abogacía y los litigios estratégicos.
VITA
Lousineh Hakobyan es fundadora y, desde 2011, presidenta de la Europe in Law Association (ELA, en inglés). Hakobyan se licenció en Derecho por la Facultad Romano-Germánica de la Universidad Estatal de Ereván en 1998 y por la sede en Armenia de la Academia Internacional de Emprendimiento de Moscú en 2006. Además, Lousineh Hakobyan cursó un máster en Derecho Europeo en la Universidad Queen Mary de Londres, y se le concedió la licencia para ejercer la abogacía en 2011. Ha participado en casos tanto ante los tribunales nacionales como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los casos que tiene pendientes ante el TEDH se ocupan, entre otras cosas, de la protección del derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas y la prohibición de la tortura a varios ciudadanos y ciudadanas tras las protestas de 2013 y 2014. Desde 2011, ha dirigido con éxito varios proyectos respaldados por socios internacionales de ELA. Ha impartido numerosos cursos de formación en derechos humanos para periodistas, abogados y abogadas. Lousineh Hakobyan también ha participado en las reformas jurídicas en Armenia y se ha implicado con éxito en actividades relacionadas con la abogacía y los litigios estratégicos.
¿Cómo llegó a especializarse en los derechos humanos?
En los últimos 15 años, me he centrado en trabajar por la protección de los derechos humanos, primero como becaria y luego, como abogada y defensora. Me interesa mucho la reforma judicial en Armenia. El derecho no es un proceso unidireccional. En él participan muchos actores y, para alcanzar el éxito en los procesos de defensa de los derechos humanos, es muy importante que todos los implicados actúen con profesionalidad y eficacia. Por ello, los miembros de nuestra organización también se centran en reformar determinados ámbitos. Por ejemplo, supervisamos los procedimientos de contratación y elección de la judicatura. Desde 2018, también realizamos un seguimiento de los procesos llevados a cabo en el Tribunal Constitucional. Para hacerlo, estamos en contacto con diversas organizaciones internacionales, entre ellas, la Comisión de Venecia y otras instituciones del Consejo de Europa.
¿En qué medida usted y su organización protegen también a las víctimas de violaciones de los derechos humanos?
Participamos en numerosos litigios estratégicos, en particular en el ámbito de la libertad de expresión, y apoyamos así a periodistas, medios de comunicación y personalidades públicas que luchan contra diversas leyes de difamación. Defendemos sus intereses no solo ante los tribunales locales, sino también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El pasado verano, participamos en dos casos que lograron sus frutos ante el TEDH: en uno se dictaminó que se había violado el derecho a la libertad de expresión de dos medios de comunicación. Existe un procedimiento que permite al Gobierno armenio hacer una declaración unilateral para reconocer los derechos de las víctimas y ofrecerles algún tipo de compensación. Hemos estado muy implicados en este proceso y hemos mediado en las negociaciones entre el Gobierno y las víctimas. Hemos defendido los derechos de los miembros de la sociedad civil, ya que, tras la «Revolución de Terciopelo» de 2018, muchos fueron objeto de intensos ataques por parte de diversos grupos, lo que provocó un gran número de demandas por difamación e injurias. También tuvimos que defendernos nosotros mismos, porque fuimos objeto de ataques. Tuvimos que proteger nuestra reputación y demandamos a varios periódicos.
«Soy activista de los derechos humanos por naturaleza, así que cuando veo injusticias y la gente me pide ayuda, siempre acepto el caso».
¿A qué otros retos se enfrenta en su día a día laboral?
Pocas personas quieren trabajar de abogadas y abogados en la defensa de la sociedad civil de Armenia. Se trata de un gran reto, porque es un ámbito en el que realmente se necesita asistencia jurídica. El poder judicial y sus instituciones, sobre todo el Colegio de Abogados de Armenia, están muy politizados. Por ejemplo, el ex presidente del Colegio de Abogados de Armenia estuvo muy implicado en política, ya que fundó su propio partido y estuvo muy activo en este ámbito. Esto va en contra de lo dispuesto en la Constitución armenia, que contempla la independencia del Colegio de Abogados. Posteriormente, esta misma persona asumió el cargo de director de la única facultad de Derecho de Armenia, aunque las instituciones educativas deben estar despolitizadas. Esto dañó gravemente a nuestro colectivo.
Ha mencionado dos de los problemas a los que se enfrentan los abogados defensores de los derechos humanos en Armenia. ¿Se ha de superar también algún obstáculo institucional?
El mayor reto es la falta de reformas en el poder judicial. Tras la revolución, quedó claro que el pueblo había logrado forjar un poder legislativo y ejecutivo por voluntad propia, pero el poder judicial no llegó a reformarse. Por eso estamos muy interesados en participar en la reforma judicial y en mejorar el poder judicial, de manera que no se implique en política, que conozca bien las leyes, tanto nacionales como internacional, y que las aplique. Se precisa lo mismo en otras instituciones como la Fiscalía, el servicio de investigación, etc. Es frustrante esperar que un caso penal se investigue adecuadamente y que no llegue a buen puerto porque el investigador no sabe hacer su trabajo.
¿En qué medida se le ha atacado por su labor de abogada?
Trabajé en un caso del activista de la sociedad civil Vardges Gaspari, muy odiado por el régimen anterior. Estuvimos en el punto de mira de la atención pública y política porque le defendimos y protegimos sus derechos. En 2017, en un momento dado, una organización internacional nos informó de que se pretendía detener a uno de nuestros abogados por su implicación en las denuncias electorales… pero afortunadamente, no sucedió. Ese mismo año volvieron a publicarse una serie de artículos difamatorios sobre nosotros. Nuestra reputación se ha visto seriamente deteriorada. Afortunadamente, la revolución cambió muchas cosas.
En el futuro, ¿qué espera de su labor de abogada defensora de los derechos humanos en Armenia?
Puedo afirmar que soy activista de los derechos humanos por naturaleza y si detecto una injusticia y la gente me necesita, me ocuparé de su caso si acuden a mí. Afortunadamente, todavía contamos con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, para muchas personas, es la última esperanza. Por otro lado, también me siento esperanzada cuando veo que, en algunos casos, el Gobierno actual está dispuesto a declarar unilateralmente que está listo para reconocer las violaciones de los derechos humanos y que pretende corregir de alguna manera los errores de los tribunales. Sin embargo, es bastante decepcionante ver que han pasado ya cuatro años desde la revolución y que no se ha llevado a cabo una reforma profunda del poder judicial ni del resto de las fuerzas del orden.
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