México

Lineamientos para la transformación tecnológica en la impartición de justicia

Lineamientos para la transformación tecnológica en la impartición de justicia

La pandemia de la COVID-19 afectó gravemente a la administración de justicia mexicana. Muchas oficinas de la administración pública y de los tribunales tuvieron que interrumpir sus actividades presenciales, lo que obligó a los poderes judiciales de todo el mundo a buscar alternativas tecnológicas para mantener la actividad. 

En México, aunque algunos de los tribunales estaban en proceso de digitalización, hubo resistencia por parte de litigantes y usuarios. Sin embargo, la pandemia provocaba pérdida de clientes y, por tanto, de recursos económicos, lo que obligó a los abogados a utilizar las herramientas mencionadas y a adaptarse a una nueva realidad para poder seguir trabajando.

Después de dos años y medio, muchos poderes judiciales siguen afrontando dificultades, como falta de presupuesto, planificación mediocre, escaso apoyo de actores fundamentales y bajo nivel de conocimientos para utilizar adecuadamente la nueva tecnología. México Evalúa, una organización de reflexión y análisis de políticas públicas de México, en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF) México, ha publicado la primera guía sobre "Lineamientos para la transformación tecnológica en la impartición de justicia" a fin de ofrecer a los magistrados buenas prácticas para mejorar el uso de las herramientas digitales en el sistema judicial.

La guía "Lineamientos para la transformación tecnológica en la impartición de justicia" establece que las herramientas digitales deben ofrecer soluciones que superen la mera automatización o réplica de los procesos vigentes. Los nuevos procedimientos deben replantear la estructura y la ejecución de los mismos. Esto exige un liderazgo abierto, innovador y estratégico, así como el apoyo de distintos actores interesados fundamentales – como departamentos consolidados de innovación y tecnología, funcionarios jurisdiccionales y administrativos, legisladores, líderes comunitarios y profesionales del derecho – que puedan ofrecer distintas perspectivas.

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