En lo que respecta a los derechos humanos en el sistema policial y judicial, logramos, por ejemplo, crear un órgano para presentar denuncias civiles. De este modo, las denuncias por violaciones de derechos fundamentales por parte del cuerpo de policía se resuelven en un órgano independiente de la policía. Mediante la investigación y un asesoramiento basado en pruebas, logramos convencer a los implicados de que en un sistema en el que los investigadores policiales designan un abogado de oficio para los acusados sin recursos, la asistencia judicial será inevitablemente deficiente. Como consecuencia, se modificó la ley para garantizar que fuera el Colegio de Abogados, y no por la policía, el que asignara los abogados de oficio a los acusados. Con nuestros logros me he reafirmado en mi creencia inicial de que las leyes sobre derechos humanos pueden ayudar a forjar un cambio positivo en la sociedad. Además de servir de ayuda en casos de violaciones individuales, pueden contribuir a lograr mejoras más generales con la transmisión de importantes mensajes normativos y mediante la protección de las personas vulnerables. Sin embargo, en 2010 el marco político y jurídico de nuestro trabajo cambió radicalmente, aunque lo hizo de forma gradual. Con la mayoría absoluta en el Parlamento, el gobierno elegido en 2010 comenzó a debilitar el sistema de controles y contrapesos, eliminando u ocupando todas las instituciones que pueden ejercer control sobre el poder ejecutivo. La instrumentalización de la ley, incluida la Constitución húngara, ha desempeñado un papel crucial en este proceso.

Por ejemplo, después de que el Tribunal Constitucional anulara una ley destinada a imponer retroactivamente un impuesto extremadamente elevado sobre las indemnizaciones por despido a los empleados del Estado que habían sido despedidos tras el cambio de gobierno, el nuevo Gobierno de mayoría modificó la ley para despojar al tribunal de su derecho a revisar la constitucionalidad de las leyes fiscales. Como parte del proceso, se incluyó en la Constitución una disposición que autorizaba explícitamente la imposición de impuestos de este tipo. Posteriormente, se aprobó una nueva versión de la ley derogada. También se modificó la Constitución para aumentar el número de jueces del Tribunal Constitucional y cambiar los procedimientos de nombramiento de manera que se eliminara cualquier posibilidad de que la oposición parlamentaria influyera significativamente en el proceso. En última instancia, esto condujo a una ampliación del Tribunal. Después, el presidente del Tribunal Supremo fue destituido tras criticar el impacto en la independencia judicial de los planes del gobierno de reformar la administración de justicia. Podríamos seguir indefinidamente enumerando los motivos por los que la ley ha pasado de ser un instrumento de protección de los vulnerables a convertirse una herramienta de poder en manos de quienes desean imponer su ley para terminar con los límites a su poder.

Como abogado de derechos humanos, este proceso de escalada supuso para mí un reto por varias razones. En primer lugar, porque cualquier tipo de diálogo constructivo en el marco de los derechos humanos con las autoridades se había convertido en imposible, a pesar de que se trata de un elemento clave para la defensa de los derechos humanos en cualquier democracia liberal de buen funcionamiento, y que a menudo está precedido de difíciles procedimientos judiciales. Dado que la mayoría en el Gobierno considera que tanto las normas de derechos humanos como las organizaciones reguladoras y los abogados que tratan de hacerlas cumplir son barreras que han de eliminarse, los canales para dicho diálogo se han ido cerrando progresivamente. Un ejemplo concreto es la rescisión de todos los acuerdos de cooperación que, durante casi dos décadas, permitían que el HHC pudiera vigilar los centros de detención.

Dado que el partido en el poder dispone de la mayoría necesaria para cambiar la Constitución, puede modelar el marco jurídico a su antojo sin para ello tener que sobrepasar los límites de la ley, siempre desde una perspectiva estrictamente formal. Esta «impecabilidad procesal» plantea el difícil dilema de hasta cuándo hemos de cumplir leyes que vulneran las normas de derechos humanos y cuándo llega el momento en que la desobediencia civil está justificada. Esta decisión se complica aún más por un tercer problema: el creciente deterioro de la infraestructura institucional necesaria para la aplicación de las normas de derechos humanos. Cuando la independencia del poder judicial, el tribunal constitucional y otras instituciones que se supone que protegen las libertades individuales se ven recurrentemente socavadas por el Estado, y cuando estas instituciones las copan leales al gobierno que no están dispuestos a abordar los conflictos con el Ejecutivo, el margen para hacer que se respeten las libertades a través de los medios legales convencionales es bastante estrecho. Tradicionalmente, se da por sentado que solo se puede recurrir a la desobediencia civil cuando se han agotado todas las vías legales con posibilidad razonable de éxito, o bien si éstas no existen. En un sistema en el que los límites son difusos y en el que aún es posible que determinados jueces, que han conservado su integridad, emitan sentencias justas, aunque sistémicamente las posibilidades de que lo hagan disminuyen progresivamente, es difícil decidir si se continúa participando en el sistema judicial.

A pesar de todo, por muchas razones, creo en los procedimientos judiciales. Una de ellas es precisamente la naturaleza legalista del régimen y la importancia que concede a aparentar legalidad. Por ello, las reprimendas legales (a través de sentencias judiciales en su contra) tienen un efecto más fuerte sobre la autoestima y la identidad del régimen que las críticas políticas o diplomáticas. En segundo lugar, la acción judicial es una vía más fácil y directa que la importantísima labor de asesoría para que las ONG y los activistas puedan escapar de los confines nacionales del secuestrado marco institucional. Tras agotar todos los recursos internos, que cada vez resultan menos eficaces, existe una vía directa a los organismos internacionales, como es el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ante el que se puede lograr una sentencia firme de cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Y después, está el desafío. Cuando el actual partido gobernante intentó monopolizar la tricolor húngara llamando a sus simpatizantes a llevarla siempre y a apropiársela, mi reacción fue responder que también era la bandera de los compatriotas con ideas discrepantes. La ley también nos pertenece. No debemos permitir que se monopolice para socavar el Estado de derecho. Debemos seguir utilizándola para su verdadero objetivo: lograr la igualdad de condiciones y proteger a los débiles frente a los fuertes.

Kapronczay, S.  – Szabó, M. D., ’Felszabadulva’, Magyar Narancs, 25. Juni 2020.