Hoy en día, trabajo en una organización de la sociedad civil que lucha contra la impunidad de las atrocidades que se producen en México. La cantidad de crímenes atroces que se cometen en México – abarcan desde desapariciones hasta torturas y muertes violentas – es escandalosa. Alrededor de 6 000 de estos delitos son perpetrados por las fuerzas armadas mexicanas. Cerca del 95 % de los casos quedan impunes porque los perpetran tanto las fuerzas de seguridad del Estado como las organizaciones criminales. Esta es claramente la fórmula de los actos. Antes trabajaba en el mundo académico y tuve la oportunidad de dirigir el programa académico de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. También trabajé de representante del ministro de Asuntos Exteriores en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas. Posteriormente, trabajé como jefe del departamento de Derechos humanos del Ministerio del Interior, con la tarea de promover la defensa de los derechos humanos en la política nacional. La diferencia entre el trabajo que hago ahora y el que hacía entonces es que, como activista de derechos humanos o abogado, tu tarea consiste en garantizar que las autoridades hagan su trabajo cumpliendo las normas establecidas. Nos centramos en el trabajo de investigación que no realizan los fiscales del país.

Sobre todo, creo que hay motivos para pensar que en México se han cometido crímenes contra la humanidad. Estoy convencido de que la intensidad de los enfrentamientos entre el ejército y las organizaciones criminales, así como entre las propias organizaciones criminales, podría considerarse un conflicto armado de carácter no internacional. Las organizaciones criminales están lo suficientemente organizadas y estructuradas como para que se las consideren grupos armados con arreglo al derecho internacional humanitario. Muchos de los crímenes cometidos en México desde 2006 también podrían tacharse de crímenes de guerra. Además, existe el agravante de que no se han resuelto. La Fiscalía General, a quien competen estos delitos, no los investiga, ni tampoco lo hacen las fiscalías locales. Por este motivo, hemos fundado, junto a otros compañeros, una nueva organización cuyo objetivo es identificar, registrar y proteger las pruebas. Por último, estamos trabajando para que los principales responsables de estas atrocidades comparezcan ante los tribunales competentes.

Creo que los ataques contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos han aumentado en México en los últimos años. Las campañas de desprestigio son uno de los métodos conocidos. No son algo nuevo. Estas campañas ya se expandieron durante el gobierno de Calderón y posteriormente, con Peña Nieto. Ahora, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, estamos siendo testigos de cómo se desacreditan los movimientos defensores de los derechos humanos en general. No solo los periodistas, sino que también a los abogados se les considera enemigos del régimen y traidores a la patria, ya que algunos de ellos defienden los intereses de organizaciones que frenan proyectos que perjudican al medio ambiente y que, por tanto, van en contra de los derechos humanos

En algunos de los casos que hemos llevado ante los organismos internacionales, no solo nos preocupaba el caso concreto, sino que también pretendíamos denunciar un patrón recurrente en los delitos cometidos en México. Por ello, hemos presentado casos individuales que han pasado a cometerse a gran escala, entre ellos, más de 90 casos probados de tortura en Baja California, cientos de fusilamientos, detenciones arbitrarias, casos de violencia sexual y los asesinatos en el estado de Chihuahua. En estos hechos, el ejército actuaba como responsable de las operaciones, que se realizaban bajo el paraguas de la lucha contra el narcotráfico, denominadas «operaciones conjuntas». En 2014, presentamos ante la Corte Penal Internacional (CPI) la primera denuncia sobre el uso sistemático de la tortura por parte de las fuerzas armadas, a través de organizaciones de la sociedad civil. Tuvimos la oportunidad de recabar los testimonios de más de 95 víctimas, y de sistematizarlos con otros documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de recomendaciones y comunicados de prensa del propio ministro de Defensa, para analizar cómo se actuaba al detener a presuntos delincuentes y cómo funcionaba todo el aparato del Estado en aquella época. Hemos denunciado que la tortura está anclada en la política de seguridad de México y que instituciones como el ejército y la marina están legitimadas para detener arbitrariamente a personas, llevarlas a los cuarteles del ejército y torturarlas brutalmente. Cuando las personas mueren como consecuencia de estas torturas, la práctica habitual consiste en hacer desaparecer los cuerpos identificables y enterrarlos, por ejemplo, en fosas comunes dentro de los cementerios municipales o en cavar fosas clandestinas y ocultar allí los cadáveres.

Sí, un activista del movimiento antisecuestros, en colaboración con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional y otros personajes del mundo periodístico, intentó desprestigiarme a mí y a la organización para la que trabajaba. Afirmó que yo actuaba para enriquecerme con las indemnizaciones de las víctimas. Varios periodistas publicaron artículos muy similares, que se basaban en la misma fuente de información, y que incluían mentiras y medias verdades. Por ejemplo, afirmaron que mi organización y yo nos habíamos hecho ricos con la indemnización que habíamos recibido por un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Logramos demostrar a estos periodistas que las indemnizaciones eran una mísera fracción de los gastos en los que incurrieron las organizaciones que trabajaron en un proceso que duró más de nueve años ante el Sistema Interamericano. Entonces, algunos periodistas se disculparon y admitieron que esas personas, algunos funcionarios y esos activistas antisecuestros, les habían facilitado información incorrecta.

El mayor reto consiste en conseguir primero que el presidente deje de atacar verbalmente a aquellos que defienden los derechos humanos y a los abogados que representan a las víctimas. Son justo sus palabras desacreditando a los abogados defensores de los derechos humanos las que hacen que las instituciones públicas, que se supone que colaboran con ellos, se nieguen a cooperar. Es muy difícil cooperar con el Gobierno actual. Por desgracia, esto también se refleja en las acciones de la Fiscalía General, que ha limitado la capacidad de diálogo con los abogados y abogadas que representan a las víctimas. Esto hace que las víctimas y sus abogados deban recurrir a los tribunales para incluso garantizar que avancen las investigaciones penales.