NICARAGUA
Roger Reyes es abogado en la ciudad de Jinotepe, en Nicaragua. A los 16 años ya era dirigente de una asociación estudiantil. Trabajó como profesor de Derecho y más tarde fundó su propio bufete. Durante la pandemia, también formó un banco de alimentos y un hospital virtual para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de Jinotepe. Como miembro del consejo político de la «Unidad Nacional Azul y Blanco» y defensor de los derechos humanos, defendió a las víctimas y emprendió acciones para liberar a los presos políticos. Siempre dio voz a los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua obligados a exiliarse a causa de la represión.
VITA
Roger Reyes es abogado en la ciudad de Jinotepe, en Nicaragua. A los 16 años ya era dirigente de una asociación estudiantil. Trabajó como profesor de Derecho y más tarde fundó su propio bufete. Durante la pandemia, también formó un banco de alimentos y un hospital virtual para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de Jinotepe. Como miembro del consejo político de la «Unidad Nacional Azul y Blanco» y defensor de los derechos humanos, defendió a las víctimas y emprendió acciones para liberar a los presos políticos. Siempre dio voz a los ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua obligados a exiliarse a causa de la represión.
Muchos creen que el sueño de la revolución nicaragüense se ha roto irremediablemente. El régimen autoritario de Daniel Ortega muestra muchos paralelismos con el del dictador Anastasio Somoza, quien gobernó Nicaragua entre 1967 y 1979, y que luego fue derrocado por los sandinistas de Ortega. Ambos regímenes han ejercido una presión constante y brutal sobre las protestas y los medios de comunicación libres. Las voces críticas (por ejemplo, políticos, periodistas, activistas, abogados) han sido silenciadas o encarceladas.
En el régimen de Ortega existen unos 170 presos políticos. Uno de ellos es Félix Maradiaga, uno de los liberales y activistas de derechos humanos más conocidos de Nicaragua. Ha sido objeto de amenazas por parte del Gobierno del presidente Ortega desde que comenzó la crisis política en abril de 2018, y posteriormente fue detenido en junio de 2021. Maradiaga fue acusado de traición y vulneración de la soberanía del país. En marzo de 2022, fue condenado a 13 años de prisión. Su abogado, Roger Reyes, quien también era miembro del consejo político del movimiento opositor «Unidad Nacional Azul y Blanco», fue detenido en agosto de 2021. Roger Reyes fue condenado a 10 años de prisión por vulnerar la soberanía nacional.
La situación de los presos políticos en Nicaragua es muy deficiente. Solo pueden recibir visitas esporádicas de sus familiares, cada 30 o 40 días. El Gobierno los retiene en pequeñas celdas, ya sea en completa oscuridad o con las luces encendidas las 24 horas del día. Solo se les permite salir al aire libre entre 10 y 15 minutos cada 10 días. No se respeta su integridad física y no reciben atención médica adecuada, aunque presenten síntomas claros de estar enfermos. Félix Maradiaga, por ejemplo, padece actualmente una grave infección de oído que le causa mucho dolor. Roger Reyes, por su parte, sufre pérdidas de memoria, depresión y ansiedad. La tortura psicológica con interminables interrogatorios, que continúa incluso después de la sentencia, es una práctica extendida bajo el mandato de Ortega. Los presos tampoco pueden elegir abogado. El juicio y las comparecencias, que comenzaron en septiembre de 2021, se celebraron en secreto dentro de los muros de la prisión, en lugar de celebrarse una vista pública ante un tribunal. Durante las sesiones del juicio en las que fue condenado, Félix Maradiaga solo vio a sus abogados —que deben permanecer en el anonimato por su propia seguridad— dos veces. El Estado nicaragüense incumple recurrentemente los convenios internacionales por los cuales se comprometió a respetar los derechos humanos y a defender el Estado de derecho.
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