SABINE LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER
SABINE LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER
Hay que ser muy valiente para emprender la lucha contra el aparato del Estado que suprime las libertades y los derechos fundamentales, especialmente en Estados que están desmantelando, o que incluso desprecian por completo, la adhesión a los principios del Estado de derecho. En todo el mundo, muchos abogados y abogadas valientes se enfrentan a la disyuntiva de elegir entre su propio bienestar, su integridad profesional y el compromiso con sus clientes. «Una vez que tomas la decisión, no puedes tener miedo ni rendirte», comenta la abogada inhabilitada Natalia Matskevich, de Bielorrusia.
Los abogados y las abogadas son el principal colectivo profesional que denuncia las violaciones de los derechos humanos y que los defienden. Al hacerlo, se enfrentan a enormes retos. Aguantan las tácticas dilatorias y el acoso judicial que sufren cuando representan a sus clientes ante los tribunales y exigen la igualdad de derechos. Ellos mismos se convierten en objeto de persecuciones y ataques. Los abogados y abogadas sufren amenazas, se les despoja de sus licencias de ejercicio, son interrogados sin motivos fundados o incluso se les detiene arbitrariamente, acaban en la cárcel durante mucho tiempo o se ven forzados al exilio. Los abogados y abogadas figuran entre los profesionales más perseguidos.
Su tarea resulta particularmente peligrosa en países en los que se ha suprimido la independencia judicial. Esta fue la experiencia del abogado turco Can Atalay y de sus coacusados en el juicio de Gezi. El conocido político opositor ruso y defensor de los derechos humanos Vladimir Kara-Murza fue recientemente detenido por pronunciarse acerca de la agresión bélica de Putin en Ucrania. El inicio de su juicio se ha pospuesto en repetidas ocasiones, y ni él ni sus abogados pueden esperar un juicio justo.
Los regímenes autocráticos tratan deliberadamente de impedir que los abogados y las abogadas actúen conforme al Estado de derecho, pero también pretenden destruir la relación de confianza con sus clientes, en particular si estos son opositores políticos, periodistas o activistas perseguidos. Lo preocupante es la tendencia a emprender acciones legales contra los propios abogados y abogadas por su labor de defensa
La Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos constituye también para los abogados y las abogadas un hito en el sistema de protección de los derechos humanos. Al igual que otros defensores y defensoras profesionales de los derechos humanos, los abogados tienen derecho a presentar denuncias y peticiones contra particulares y organismos públicos ante las autoridades y los organismos judiciales nacionales e internacionales.
La Declaración concede a los abogados especializados en derechos humanos el derecho a participar en debates públicos y a forjarse una opinión acerca del cumplimiento de la legislación nacional y de las obligaciones contempladas en el derecho internacional. Los abogados y las abogadas no deben tener el privilegio, sino el derecho de prestar asistencia jurídica profesional y cualificada a sus clientes.
Los abogados y las abogadas especializados en derechos humanos siempre estarán a la cabeza de la lucha por los derechos fundamentales y los derechos humanos en el marco constitucional. De ahí la gran importancia de considerarlos defensores de los derechos humanos y de respaldarlos en su labor contra los gobiernos que amenazan la libertad y que desprecian los derechos humanos. Con mucha frecuencia son la última esperanza de los opositores, periodistas y artistas perseguidos.
Hay que ser muy valiente para emprender la lucha contra el aparato del Estado que suprime las libertades y los derechos fundamentales, especialmente en Estados que están desmantelando, o que incluso desprecian por completo, la adhesión a los principios del Estado de derecho. En todo el mundo, muchos abogados y abogadas valientes se enfrentan a la disyuntiva de elegir entre su propio bienestar, su integridad profesional y el compromiso con sus clientes. «Una vez que tomas la decisión, no puedes tener miedo ni rendirte», comenta la abogada inhabilitada Natalia Matskevich, de Bielorrusia.
Los abogados y las abogadas son el principal colectivo profesional que denuncia las violaciones de los derechos humanos y que los defienden. Al hacerlo, se enfrentan a enormes retos. Aguantan las tácticas dilatorias y el acoso judicial que sufren cuando representan a sus clientes ante los tribunales y exigen la igualdad de derechos. Ellos mismos se convierten en objeto de persecuciones y ataques. Los abogados y abogadas sufren amenazas, se les despoja de sus licencias de ejercicio, son interrogados sin motivos fundados o incluso se les detiene arbitrariamente, acaban en la cárcel durante mucho tiempo o se ven forzados al exilio. Los abogados y abogadas figuran entre los profesionales más perseguidos.
Su tarea resulta particularmente peligrosa en países en los que se ha suprimido la independencia judicial. Esta fue la experiencia del abogado turco Can Atalay y de sus coacusados en el juicio de Gezi. El conocido político opositor ruso y defensor de los derechos humanos Vladimir Kara-Murza fue recientemente detenido por pronunciarse acerca de la agresión bélica de Putin en Ucrania. El inicio de su juicio se ha pospuesto en repetidas ocasiones, y ni él ni sus abogados pueden esperar un juicio justo.
Los regímenes autocráticos tratan deliberadamente de impedir que los abogados y las abogadas actúen conforme al Estado de derecho, pero también pretenden destruir la relación de confianza con sus clientes, en particular si estos son opositores políticos, periodistas o activistas perseguidos. Lo preocupante es la tendencia a emprender acciones legales contra los propios abogados y abogadas por su labor de defensa.
La Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos constituye también para los abogados y las abogadas un hito en el sistema de protección de los derechos humanos. Al igual que otros defensores y defensoras profesionales de los derechos humanos, los abogados tienen derecho a presentar denuncias y peticiones contra particulares y organismos públicos ante las autoridades y los organismos judiciales nacionales e internacionales.
La Declaración concede a los abogados especializados en derechos humanos el derecho a participar en debates públicos y a forjarse una opinión acerca del cumplimiento de la legislación nacional y de las obligaciones contempladas en el derecho internacional. Los abogados y las abogadas no deben tener el privilegio, sino el derecho de prestar asistencia jurídica profesional y cualificada a sus clientes.
Los abogados y las abogadas especializados en derechos humanos siempre estarán a la cabeza de la lucha por los derechos fundamentales y los derechos humanos en el marco constitucional. De ahí la gran importancia de considerarlos defensores de los derechos humanos y de respaldarlos en su labor contra los gobiernos que amenazan la libertad y que desprecian los derechos humanos. Con mucha frecuencia son la última esperanza de los opositores, periodistas y artistas perseguidos.
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