Mi decisión de convertirme en abogado estaba muy arraigada en mis creencias y en las experiencias que había vivido en Bulawayo de niño. Antes de que yo naciera, mi padre —también abogado— participó en la investigación de las masacres de Gukurahundi en la década de los ochenta y representó a muchos de los perseguidos en aquella época. A medida que fui creciendo, conocí a muchas personas que habían perdido a sus seres queridos durante este tiempo, y de niño, a principios de la década del 2000, fui testigo de terribles violaciones de los derechos humanos, incluso contra mí y contra mi familia. Quería contribuir a terminar con la injusticia de mi sociedad.

En enero de 2019, el Congreso de Sindicatos de Zimbabue convocó una huelga. En este contexto, recibí una llamada informándome de que un cliente (sindicalista) había sido detenido en Goromonzi, una zona rural al este de Harare, por unos hombres armados, enmascarados y no identificados. Por aquel entonces, varias personas ya habían desaparecido o habían sido asesinadas por presuntos agentes del Estado que actuaban al margen de las fuerzas de seguridad normales. Me temí lo peor. Al anochecer, corrí a la comisaría de Goromonzi para buscar a mi cliente. Tras intensas discusiones, se recibió una llamada de un alto funcionario de policía y mi cliente fue conducido a la comisaría. Después me explicó que viajaba con unos desconocidos armados en dirección contraria hasta que recibieron dicha llamada y regresaron camino a la comisaría. Estaba convencido de que le habrían matado si yo no hubiera intervenido. Esa noche, mientras me encontraba en la comisaría, llegó un camión con soldados y hombres enmascarados que, al parecer, intentaban de nuevo llevarse a mi cliente. Durante esa misma noche y la siguiente se produjeron otros dos intentos de secuestro, que fueron evitados por la policía. En el proceso judicial por los hechos, le representé a él y a otras dos personas demandadas por cargos completamente inventados. Ambos fueron finalmente absueltos.

La defensa de los derechos humanos está muy anclada en un determinado sector de la abogacía. Organizaciones como Zimbabwe Lawyers for Human Rights, el Zimbabwe Human Rights NGO Forum, la Young Lawyers Association of Zimbabwe (YLAZ), entre otras, han estado a la vanguardia de esta evolución. El Law Society of Zimbabwe también ha defendido el Estado de derecho a lo largo de los años, a pesar de sufrir intensas presiones del Estado, que ha intentado despojarlo de sus competencias reguladoras. En los últimos años, algunas protestas de los abogados contra la brutalidad policial han tenido éxito pero, por desgracia, también lo han hecho las continuas injerencias en la independencia del poder judicial. El Estado de derecho está cada vez más diluido.

Los abogados se enfrentan a muchos retos a la hora de defender el Estado de derecho. Los continuos ataques contra la independencia del poder judicial y de la abogacía suponen una grave amenaza para el Estado de derecho y el funcionamiento del sistema jurídico en su conjunto. Los peligros de proseguir nuestra defensa y de prestar asistencia jurídica incluyen la cárcel y la persecución penal. Se requiere un compromiso para este tipo de trabajo. En determinados casos, el Estado con frecuencia no establece una distinción entre yo, como abogado, y mi cliente. Para los representantes del Gobierno, somos la misma persona. Me han detenido tres veces hasta ahora solo por hacer mi trabajo, la policía me ha agredido en dos ocasiones y me han denunciado otras dos veces. Afortunadamente, en última instancia fui absuelto en ambos juicios y actualmente estoy demandando al Estado para reclamarles una indemnización por una detención, persecución y agresión injustas.