PHILIPPINEN
Leila M. de Lima
«En el momento en que dejemos de luchar, perderemos nuestros valores democráticos y los derechos humanos».
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Leila M. de Lima
Leila M. de Lima es una abogada y activista defensora de los derechos humanos de Filipinas. Fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CDH) entre 2008 y 2010, ministra de Justicia entre 2010 y 2015 y senadora entre 2016 y 2022. En este puesto, Leila M. de Lima llevó a cabo investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la llamada «Guerra contra las drogas» iniciada por el entonces presidente filipino Rodrigo Duterte tras su llegada al poder en 2016. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, también inició una investigación acerca de la implicación de Duterte en algunas ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar durante su etapa como alcalde de la ciudad de Davao. Esto hizo que se convirtiera en una de las personas que criticaban más alto y con mayor dureza al ex presidente filipino. En febrero de 2017, fue detenida por cargos falsos y con motivaciones políticas y, desde entonces, se encuentra en prisión. Su detención impidió a Leila M. de Lima la plena ejecución de su mandato como senadora y tampoco pudo continuar con su labor de defensora de los derechos humanos, ya que no se le permitía asistir a las reuniones del Senado ni votar las leyes. En 2022 no fue reelegida, pero tiene intención de continuar, fuera del Gobierno, con su labor como defensora de los derechos humanos y como abogada, una vez que sea liberada. En mayo de 2022, dos testigos clave retiraron sus testimonios en el caso contra ella.
VITA
Leila M. de Lima es una abogada y activista defensora de los derechos humanos de Filipinas. Fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CDH) entre 2008 y 2010, ministra de Justicia entre 2010 y 2015 y senadora entre 2016 y 2022. En este puesto, Leila M. de Lima llevó a cabo investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la llamada «Guerra contra las drogas» iniciada por el entonces presidente filipino Rodrigo Duterte tras su llegada al poder en 2016. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, también inició una investigación acerca de la implicación de Duterte en algunas ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar durante su etapa como alcalde de la ciudad de Davao. Esto hizo que se convirtiera en una de las personas que criticaban más alto y con mayor dureza al ex presidente filipino. En febrero de 2017, fue detenida por cargos falsos y con motivaciones políticas y, desde entonces, se encuentra en prisión. Su detención impidió a Leila M. de Lima la plena ejecución de su mandato como senadora y tampoco pudo continuar con su labor de defensora de los derechos humanos, ya que no se le permitía asistir a las reuniones del Senado ni votar las leyes. En 2022 no fue reelegida, pero tiene intención de continuar, fuera del Gobierno, con su labor como defensora de los derechos humanos y como abogada, una vez que sea liberada. En mayo de 2022, dos testigos clave retiraron sus testimonios en el caso contra ella.
Lleva en prisión desde febrero de 2017 por cargos falsos. ¿Cómo ha evolucionado su caso?
Desde que terminó el mandato de Duterte, tengo más esperanzas en que la presión sobre los jueces, juezas y el Ministerio de Justicia cese y que el nuevo Gobierno no continúe con todos estos casos inventados contra mí. Se trata de algo que llevo tiempo esperando y me da esperanzas de poder salir de prisión. Cuando un testigo clave retiró sus acusaciones contra mí, presenté una nueva solicitud de libertad bajo fianza. Aparte de este testigo, hay otras dos personas que también han confesado que los funcionarios del Gobierno le obligaron a mentir en sus declaraciones contra mí.
Este giro resulta clave en uno de mis dos casos, ya que las declaraciones inventadas son el único vínculo con las acusaciones ficticias y además, la principal prueba en la que se basa el Tribunal. En cuanto al segundo procedimiento pendiente en mi contra, casi todos los testigos clave son delincuentes convictos encarcelados en prisiones estatales. Siguen testificando contra mí, ya sea por amenazas o por sobornos, pero esto acabará con la salida de Duterte. Espero que los testigos ya no estén dispuestos a comparecer ante el tribunal. Y, si lo hacen, esperemos que se desdigan de sus declaraciones. Por fin sale a la luz que todos estos casos han sido inventados por Duterte y su gente.
«En el momento en que dejemos de luchar, perderemos nuestros valores democráticos y los derechos humanos».
Desde su encarcelamiento, ¿ha recibido asistencia jurídica para impugnar su caso?
En lo que al asesoramiento jurídico respecta, en los últimos cinco años he confiado exclusivamente en mi propio equipo legal. Sin embargo, soy consciente de que las muestras de solidaridad y apoyo de personas y organismos como los senadores y congresistas estadounidenses, parlamentarios de otros países, el Parlamento Europeo, los organismos internacionales de derechos humanos, las ONG, fundaciones como la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, etc. influyen considerablemente en mi situación. Aunque no parecieran tener ningún impacto sobre el anterior gobierno de Duterte ni sobre los jueces y juezas, estos organismos recuerdan constantemente a los filipinos que el mundo sigue observando de cerca a Filipinas y sigue preocupado por la situación de los derechos humanos en nuestro país.
A finales de mayo de 2022, el nuevo secretario del Ministerio de Justicia del nuevo Gobierno de Marcos declaró a los medios de comunicación que estaba dispuesto a revisar mis casos. La retirada de varios testigos indica claramente que algo va mal en mis juicios. Por el momento, confiaré en su palabra y espero que revise personalmente mis casos.
¿Cómo valora la labor de los abogados filipinos en la defensa de los derechos humanos?
En mi país hay pocos abogados que se dediquen a los derechos humanos, pues es una tarea no exenta de riesgos y, a diferencia de otros ámbitos del derecho, no sale a cuenta en términos económicos. El principal problema al que se enfrentan los abogados de derechos humanos es el llamado «red-tagging» o la identificación de los abogados como socios ideológicos de sus clientes. Los clientes suelen ser activistas militantes tachados por el Estado de «comunistas» o simpatizantes. Aunque los clientes no pertenezcan a movimientos políticos, y aunque sean miembros normales de la comunidad, sus abogados sufren acoso. Otro problema de Filipinas es la indiferencia, o incluso la hostilidad, hacia las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, algo que se ve reforzado, en particular, por la propaganda patrocinada por el Estado en las redes sociales. Sin embargo, el principal problema es el débil sistema judicial filipino, vulnerable a los cambios políticos. Esto es lo que observo por mi experiencia personal. Solo por atreverme a exigir el cese de la cruel guerra contra las drogas de Duterte, fui perseguida y encarcelada por toda la maquinaria del Estado.
Mi mensaje a los abogados de todo el mundo es sencillo:
¡Ni un paso atrás! Los abogados deben estar a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos y luchar contra su vulneración. En el momento en que dejemos de luchar, perderemos nuestros valores democráticos y los derechos humanos.
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